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Reconocimiento a la corte constitucional Colombiana con ocasión al caso 19 comerciantes Destacado

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Reconocimiento a la corte constitucional Colombiana con ocasión al caso 19 comerciantes

 

Autor: Sergio Hernando Castillo Galvis [1]– Candidato a Magister en Derecho Administrativo Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta.

 

Resumen. Corte IDH reconoce avances en materia de cumplimiento de las órdenes emitidas en el caso 19 Comerciantes, con ocasión de Sentencia T-653 de 2012 emitida por la Corte Constitucional Colombiana.

Con ocasión del boletín No. 06 (Mayo – Agosto de 2016) de la Corte IDH, publicado en el mes de marzo en su página oficial, se observó la divulgación de la resolución de cumplimiento[2], en el Caso 19 Comerciantes Vs Colombia en relación con el debido cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 69 del reglamento interno de la Corte, para ello se realizó un análisis sucinto acerca de la acción de tutela como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH, desarrollando un estudio de caso sobre la resolución de cumplimiento mencionada y la Sentencia T-653 (Corte Constitucional. 2012).

El Caso 19 Comerciantes Vs Colombia (Corte IDH. 2004) es uno de los casos emblemáticos fallados por la Corte IDH en contra del Estado después de hallar su responsabilidad internacional por la configuración de un hecho ilícito internacional con ocasión[3] a la “desaparición forzada de 19 personas, por parte de un grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Puerto Boyacá;” dicha providencia estableció órdenes enfocadas a cumplir con los componentes de reparación integral (indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición) de acuerdo a los estándares fijados en su evolución jurisprudencial desde el Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras (Corte IDH. 1988) a la fecha. Previamente, había emitido cuatro resoluciones entre los años 2006 y 2012 declarando el cumplimiento total y parcial de algunas de las medidas ordenadas en la sentencia de fecha 05 de julio del 2004.

De la parte resolutiva de la Sentencia se deriva la obligación de erigir un monumento en memoria de las víctimas, actuación que al año 2012 no había sido realizada, razón por la cual los familiares de las víctimas acudieron a la acción constitucional de tutela (artículo 86 superior) para asegurar su cumplimiento. Frente a ello, la Corte IDH reconoce la protección a los derechos fundamentales mediante la Sentencia T-653 (Corte Constitucional. 2012) teniendo en cuenta que como resultado de ello ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores “iniciar y coordinar todos los trámites pertinentes para que se cumplieran los componentes de la medida de reparación relativos a colocar una placa con los nombres de los 19 comerciantes en el lugar en que se encontraba el monumento y efectuar una ceremonia pública de inauguración”. No obstante este imperativo se genera posterior al estudio realizado por la Corte Constitucional en relación con los instrumentos jurídicos que tienen las víctimas para asegurar su cumplimiento, acudiendo para ello el carácter vinculante que poseen las Sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional interamericano y llegando a las siguientes conclusiones a desarrollar:

1.   Respecto a las obligaciones de dar, la Corte Constitucional recuerda que existen mecanismos en la jurisdicción ordinaria (Artículo 307 C.G.P) y contencioso administrativo (Artículo 192 CPACA) para garantizar su efectividad, agrega la Corte que “sería relativamente sencillo obtener, por este medio, el cumplimiento de las obligaciones de dar,  es decir, el pago de las indemnizaciones pecuniarias a cargo del Estado decretadas por la Corte Interamericana, por lo que la acción de tutela, en principio, no sería procedente en este ámbito” (Sentencia T-653.2012).

2.    En el caso de las obligaciones de hacer, el Máximo Tribunal señala que si bien es cierto son exigibles su ejecución resulta de mayor indeterminación su ejecutabilidad, para lo cual concluye que es la acción de tutela el mecanismo idóneo – dado su carácter preferente, sumario y excepcional – para hacer efectivas las obligaciones del Estado que resultan de ejecución simple o que fijan un término, condicionando su procedibilidad a la estructuración de un plazo razonable (Sentencia T-653.2012). 

Lo anterior permite inferir que de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte IDH, reconocido por la Corte Constitucional, las sentencias emitidas contra el Estado Colombiano son de obligatorio cumplimiento y éste no se encuentra en la facultad de elegir cuáles cumple y cuáles no, ello ha generado que el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional establezca la procedencia de mecanismos excepcionales para asegurar su cumplimiento, respondiendo al carácter integral de la reparación, especialmente frente aquellas medidas que no son de carácter pecuniario y de compleja aplicación, esto ha sido de reconocimiento por Tribunales Internacionales (regionales y nacionales) frente a la concreción de derechos efectuada por la Corte Constitucional Colombiana, especialmente en materia de reparación de personas víctimas del conflicto armado.

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs Colombia. Resolución de Cumplimiento. 23 de junio del 2016. Boletín No. 06 Corte IDH.

Colombia. Corte Constitucional. 2012. Sentencia T-653



[1] Abogado de la universidad Simón Bolivar Sede Cúcuta. Candidato a Magister de la Universidad Simón Bolivar de Cúcuta. Contacto  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] De fecha 23 de junio del 2016. Disponible en la página:  http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/19comerciantes_23_06_16.pdf

[3] “Así como la impunidad respecto de la participación de miembros de la Fuerza Pública, la investigación de los hechos en la jurisdicción penal militar, el desconocimiento del principio del plazo razonable en los procesos penales y el no haber realizado una búsqueda seria de los restos de las víctimas”. Boletín No. 06. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

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